“La nueva Ley de Propiedad Intelectual es fruto de la corrupción”

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Desde que el Gobierno español presentó el pasado viernes el proyecto de la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI), solo hemos leído una cosa: tasa Google. Para Javier de la Cueva, abogado especializado en tecnología e Internet, el problema realmente grave es otro: el canon de 5 euros por alumno que la LPI quiere imponer a las Universidades. “Eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos, y no la tasa Google. Es un disparate”. Hablamos con él de ese canon, de Google, enlaces, descargas y, sobre todo, de qué significa de verdad para ti esta polémica ley.

Gizmodo en Español: Un disparate. Así defines la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual presentada por el Gobierno español. ¿Por qué?

Javier de la Cueva: Porque va a dejar que una asociación privada, CEDRO, se apropie de la investigación científica en las Universidades. La historia de la tasa Google es algo entre una asociación de editoriales (AEDE) y una empresa privada, Google. Pero el canon sobre las Universidades es algo que afecta directamente al núcleo de esta sociedad, que es la ciencia y la tecnología.

Gizmodo en Español: ¿En qué consiste ese canon a las Universidades?

Javier de la Cueva: Esto viene de atrás, desde el 2010, cuando CEDRO, la SGAE de los libros, la sociedad que gestiona los derechos de escritores y editores, le pidió a las Universidades pagar un canon por el material que utilizaban en sus campus virtuales. Las Universidades se defendieron diciendo que ahí solo se compartían materiales de cada profesor y en Creative Commons. CEDRO entonces contrató detectives privados en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Autónoma de Barcelona, demandó a los centros y les pidió 5 euros de canon por alumno.

Las Universidades perdieron los juicios porque se aplicaron los razonamientos utilizados desde siempre para las fotocopiadoras, sin tener en cuenta que hablamos de campus virtuales, algo completamente diferente. Posteriormente se apelaron esas sentencias con la misma tesis del caso que dio la razón a YouTube frente Telecinco. En ese caso se estableció que quien es propietario de una red (un campus virtual), no tiene tiempo de vigilarla, sobre todo cuando acceden millones de personas. Si alguno de los propietarios de derechos de autor detecta una vulneración, debe contactar con YouTube para que retire el contenido.

Ahora el Ministerio de Cultura ha vuelto a la carga con la reforma de la LPI creando un canon: las Universidades públicas y privadas tendrán que pagar 5 euros por alumno. Si coges el número de alumnos y Universidades, sale a 8 millones de euros anuales a favor de CEDRO. Y todo por publicar objetos bajo Creative Commons. Un disparate.

“La nueva Ley de Propiedad Intelectual es fruto de la corrupción”

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