El “liberal” Estado Español privatiza la deuda de sus amigos los construye-autopistas

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@atletismorru … desde que conseguí por fin ser un verdadero toroflauta (de perroflauta a toroflauta hay que examinarse y conseguir a/probarlo todo, no es fácil esta Universidad) siempre me pregunté si es de verdad la etiqueta ideológica de Liberal que se le cuelga el Estado, lo digo por que siempre se le acusó desde etiquetas ideologicas de izquierda de ello, cuando vende las propiedades del Pueblo a sus amigos empresarios clientelistas cobijandose en la sombra de la bandera liberal privatizadora.
Cuando le necesitan esas empresas amigas, que primero fueron clientelistas y que ahora son abortistas de acuerdos, consensos y pactos tácitos (todos matan a la Diosa Democracia), el Estado se cuelga otra etiqueta al cuello y se hace socialintervencionista, económicamente hablando, y salva de la quiebra a sus amigos quedándose con toda la morralla para que la paguemos todos los españoles … otra vez.
Esta segunda etiqueta del Estado nada tiene que ver con liberalistas privatizadores a la carta, no???

Más pienso yo que estos del Estado actúan siempre por ser a través del poder, haciendo que el valer y el dinero sean amigos, y el propio fin en sí mismo,  obligatoriamente si quieres andar junto a ellos.
Más pienso que estos no tienen etiqueta ideológica que les señale que pese más que la fasciocracia lelocratica de  los herederos puros y duros de los Golpistas asesinos del 36, aquellos que asesinaron a su Pueblo, robaron el Estado y engordaron a La Iglesia, aquellos mismos que engañaron en el Proceso Constituyente del 78 en La Transición, aquellos que  asesinan aún la libertad de decidir de los españoles en la actualidad.
Más pienso yo que estos son los mismos perros, pero ya les da hasta igual que se sepa, con usan los mismos collares … más pienso yo.


El rescate con dinero de todos los españoles de los tramos no rentables de las autopistas de peaje, ya decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante la creación de una nueva empresa pública que asumirá 3.000 de los 5.000 millones de deuda pendiente de amortizar, supone la renuncia a crear 180.000 empleos en sectores industriales y a sacar de la pobreza a unas 700.000 personas. Son estimaciones de los sindicatos y de Cáritas, respectivamente, a las que el Ejecutivo no ha prestado mayor atención. Tampoco ha estimado los planteamientos de la oposición contra la socialización de las pérdidas de las grandes concesionarias. El Congreso votará una moción a finales de este mes, pero la mayoría absoluta del PP respaldará la abusiva operación gubernamental.

Funcionan con siglas y, como en el poema de Dámaso Alonso, se hacen llamar Enarsa, Cintra, Ciralsa, Audasa, Aucalsa, OHL… En realidad pertenecen a unos pocos y determinados grupos empresariales. Lanzaron su SOS en cuanto el PP llegó al Gobierno y presentaron sucesivos concurso de acreedores –es decir, quiebras– para hacerse oír mejor. Los peajes de las autopistas radiales de Madrid no cubren las expectativas de negocio, los tiques son caros, los usuarios evitan utilizarlas, cada vez pasan menos coches, las concesionarias no hacen el negocio que esperaban, no pueden amaortizar las deudas, esto es un desastre. 

Una tras otra, las concesionarias de la radial R-2 (Madrid-Guadalajara), R-3 (Madrid-Arganda), R-4 (Madrid-Ocaña), R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), el ramal de peaje al aeropuerto de Barajas y de los tramos de pago Alicante-Cartagena y Cartagena-Vera han ido quebrando. Su camino ha sido la insolvencia y la petición del rescate. Todas ellas son producto del poder de la derecha. No están lejanos los tiempos en que el PP proponía “autopistas y no autovías”. El sueño neoliberal, privatizador, “todo de pago”, ha producido ese monstruo –monumento al despilfarro y la incompetencia–  que el Ejecutivo de Rajoy ha decidido alimentar con más recortes sociales y más impuestos a los trabajadores.

¿No hay alternativa a la chequera pública para cubrir las pérdidas de las concesionarias de unas autopistas que llevan la marca del PP desde la planificación a la licitación y la adjudicación y que han acabado en la quiebra? Según el portavoz socialista en materia de Fomento, Rafael Simancas –el tipo que pudo ser presidente de la Comunidad de Madrid y no lo fue porque dos electos del PSOE se vendieron a la derecha y lo traicionaron–, hay alternativa si se reestructura el sector y se obliga a las empresas a compensar los tramos no rentables con los que obtienen beneficios.

Cierto es que para aquellos gobernantes que aparecían en las inauguraciones de las radiales de Madrid –José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón– y para la actual ministra de Fomento, Ana Pastor Julián, y su superior Rajoy, la reestructuración que propuso Simancas en su interpelación del pasado 9 de abril, con la correspondiente moción pendiente de votación hasta el día 29, exigiría una laboriosa negociación, no exenta de enfrentamientos con la patronal Seopan y con individuos correosos y por lo demás amigos generosos del partido y su fundación Faes como Villar Mir, Del Rivero y otros personajes. Mejor el rescate directamente y aquí borrón y cuenta nueva.

Para Henarsa, concesionaria de la radial R-2 Madrid-Guadalajara, con una deuda financiera de 450 millones de euros, el rescate es lo mejor. Inaugurada en 2003, ha sido la última de las siete en apelar al concurso de acreedores. La solución de la deuda con dinero público beneficia especialmente a Abertis, que posee el 30% y libra de complicaciones a sus socios de ACS, Acciona y Globalvía (gestora de concesiones de FCC y Bankia). Abertis, con el 35% de la también quebrada Accesos a Madrid, concesionaria de la R-3 y la R-5, controla 1.500 kilómetros de peaje (el 59%) en Cataluña, Aragón, Euskadi, el túnel de Guadarrama, gran parte de la Autopista del Mediterráneo desde la Junquera hasta Alicante, así como la de Sevilla-Cádiz.

El Gobierno podría imponer el reequilibrio, pero la negociación sería engorrosa. Abertis es la primera concesionaria del mundo en kilómetros de autopistas de peaje –gestiona la principal autopista de Pensilvania a Turnpike (801 kilómetros), 1.750 kilómetros en Francia y numerosos tramos en Chile, Argentina, Perú, Portugal, Italia y Puerto Rico– y posee el mayor negocio de aparcamiento del país: 100.000 plazas en sesenta ciudades. Con CaixaBanc y Trébol Holdigs como accionistas principales, sus intereses son también los de Florentino Pérez, de ACS, vicepresidente de la sociedad, inmediatamente después de Isidre Fainéy del presidente ejecutivo, Salvador Alemany Mas.

En el caso de la R-4, Madrid-Ocaña, la principal beneficiaria del rescate es Cintra, filial de Ferrovial, que posee la concesión de 26 tramos de autopistas en nueve países y, con unos ingresos declarados “por ventas” de 381,4 millones de euros el último ejercicio, atribuye su éxito a “un modelo centralizado de gestión de las infraestructuras”. Ferrovial junto con Sacyr y la Kutxa es también el gran beneficiario del rescate con dinero público de la AP-36 entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), sin que se pueda decir que los beneficios de peajes rentables –el grupo Itinere en el caso de Sacyr– les impida equilibrar las concesiones menos lucrativas.

El ramal de peaje al aeropuerto de Barajas, la M-12, concedido a OHL, que preside Juan Miguel Villar-Mir, con el exministro del PP Josep Piqué de consejero delegado, también quebró con una deuda declarada de 550 millones de euros. Pero su cuenta de resultados, con beneficios en otras concesiones en nuestro país y apreciables en México y Perú, les obligaría a pasar por el aro de la reestructuración compensatoria si el Gobierno se lo exigiese. El rescate se produce además cuando el segundo acreedor financiero de unas radiales innecesarias y ruinosas son el Instituto de Crédito Oficial y las entidades rescatadas y ahora públicas Bankia y Caja de Castilla-La Mancha.

Si los ciudadanos, con coche y sin él, vamos a pagar una operación que ha merecido los elogios de la patronal de las grandes constructoras (Seopan) y del banquero Emilio Botín, no por ello vamos a quedar exentos de peajes abusivos y prácticas arbitrarias. La última que se sacaron de la manga los linces de Audasa (grupo Itinere) en la AP-9 que recorre Galicia desde El Ferrol hasta Tuy (219 kilómetros) consiste en cobrar sin aviso previo una “penalización” a quienes superan el tiempo habitual de recorrido de un trayecto concreto. ¿Es un abuso, una arbitrariedad, una práctica autorizada?, interpelan a la ministra Pastor los socialistas gallegos Paloma Rodríguez y Miguel Ángel Cortizo. La ministra ha pedido tiempo para enterarse y contestarles.

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