Las Pensiones, las SICAV, y los Buitres de los Eurodiputados españoles

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EL 70% de los eurodiputados españoles participaba del festín de los “fondos buitre” de pensiones

       La oscura relación entre las ya denominadas “pensiones Sicav”  y el eurodiputado Willy Meyer ha servido para poner en la  primera línea informativa el hecho de que, desde el año 2009, era sabido que el 70% de los eurodiputados españoles participaba en el suculento negocio de las mentadas “pensiones”. Es ahora cuando nos venimos a enterar de que el el ‘think tank’ Open Europe lo había puesto al descubierto desde ese año.

   Estupor ha causado el dato de que las  inversiones realizadas por los 54 europarlamentarios  españoles en las “pensiones Sicav” sólo es superada por los eurodiputados polacos, que en un 89% han realizado ese tipo de inversiones, por los del Reino Unido que alcanzaba la cifra del 80%, por los portugueses y los eslovenos, a los que correspondía el 79% y 71% respectivamente.

      El think tank “Open Europe” realizó esta investigación después de que comenzara a rumorearse que en caso de quebrar tales fondos serían los contribuyentes europeos los que se verían obligados a asumir el  rescate del fondo de pensiones, para cubrir el agujero que en el 2009 alcanzaba la friolera de 113 millones de euros.

LA LISTA “EJEMPLAR” DE LOS “INVER-EUROPARLAMENTARIOS” ESPAÑOLES

       La Sociedad de Inversión de Capital Variable, a la que corresponde las siglas Sicav, es el medio de inversión colectiva que ha permitido a los eurodiputados adherirse de forma voluntaria para asegurarse  una notabilísima pensión extra a partir de los 60 años. Las aportaciones las hacían los diputados mensualmente, en la cantidad de €1.194, mientras que el Parlamento Europeo aportaba el doble de esa cantidad, €2.388. Según los datos recogidos por la redacción de Canarias Semanal, la rentabilidad de esa inversión llegaba a alcanzar el 50%, aunque otros datos indican que la rentabilidad obtenida en el año 2002 fue tan solo del 9.4%.

       Los nombres que aparecen en las listas de las inversiones de “pensiones Sicav”, en las que una inversión de €10.000 pronto generaba 5.000 euros más -es decir, un astronómico 50% de beneficios -, son tan significativos como los de  Elena Valenciano, la aguerrida cabeza de lista del PSOE en las pasadas elecciones europeas; Miguel Arias Cañete, el prometedor candidato del PP y  nada menos que  Rosa Díez, la candidata “regeneracionista” de  UPyD. En la misma lista figuran también otros destacados personajes de la política española como el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o el ultraderechista Jaime Mayor Oreja que, como los anteriores, ha disfrutado de las alucinantes vacaciones que suponen pasar por las instituciones parlamentarias de Bruselas.

SI  ESTOS FONDOS BUITRES QUIEBRAN LOS CONTRIBUYENTES TENDREMOS QUE CUBRIR EL AGUJERO

      El Parlamento Europeo se apresuró a dar explicaciones  este martes acerca de  la historia  de los fondos bicoca  de las  pensiones Sicav. Esta, por lo visto,  se remonta nada menos que al año 1990, cuando un número de eurodiputados propusieron crear un sistema de pensiones complementario y voluntario. El Parlamento Europeo, no obstante, no ha acabado de aclarar cuál es el monto total de sus aportaciones,  tratando de justificar el supuesto desconocimiento argumentando que en  aquella época los salarios y prestaciones sociales de los eurodiputados dependían de cada Estado miembro.

     Asimismo, los inquietos portavoces del Parlamento manifestaron que “la fórmula escogida para este sistema complementario de pensiones”, la Sicav, fue decidida el 3 de marzo de 1994 y que, faltaría más, el procedimiento era “absolutamente legal”

    Curiosamente,  la pensiones buitre estaban radicadas en Luxemburgo porque, según ellos, era allí donde se encontraba la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo, en la que se manejan los fondos financieros de la institución.

         Por otra parte, la Dirección General de Finanzas de la Eurocámara admitió, después de que estallara el escándalo, que existía preocupación por “el agotamiento del fondo”. Y que los responsables últimos  que tendrían que garantizar el pago de los derechos de pensión para todos los antiguos y actuales eurodiputados son los contribuyentes europeos. Es decir, todos nosotros.

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