La Justicia deja claro que la “macroestafa” de los cursos fue ‘orquestada’ por la Junta

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Victoria parcial de Mercedes Alaya. El juzgado de Instrucción número 1 de Granada se ha inhibido a favor de la magistrada sevillana en la investigación de los cursos de formación de la Operación Edu, cuyo fraude se eleva –como adelantó El Confidencial y corrobora un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía– en 3.000 millones de euros. Esto podría provocar un “efecto llamada” de otros jueces para inhibirse a favor de Alaya.

El auto del pasado 1 de abril deja claro que la macroestafa de los cursos de formación fue orquestada desde la cúpula de la Junta de Andalucía. También que la Orden del 23 de octubre de 2009 que aprobóJosé Antonio Griñán como presidente del Gobierno andaluz favorecía la estafa. “Esta orden propicia fundamentalmente el descontrol e irregularidades siendo altamente significativo que en todas las provincias del ámbito de Andalucía presuntamente se hayan reiterado las conductas investigadas y siempre a favor de las personas que estarían supuestamente relacionadas con personas o cargos electos a la Administración y más concretamente a un signo político determinado”, resalta el juez Basilio Miguel García Melián del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada.

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El escrito judicial abunda en que no resulta “concebible” que el supuesto “descontrol y desbarajuste” en la concesión de subvenciones y su posterior control económico, denunciados en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, fuera desconocido por los superiores jerárquicos del responsable del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Granada. “Este asunto deviene de esferas de actuación u omisión más amplias, de modo que la competencia territorial para la investigación de los hechos de los que conoce este juzgado corresponde al núcleo de actuación de la sede de esas autoridades o superiores jerárquicos”.

El precedente de Cataluña

El juez argumenta para justificar su decisión un supuesto similar de presunto fraude en materias de formación en la provincia de Girona, “que por las mismas causas que ahora apuntamos, acabó derivándose al conocimiento del juez de instrucción de Barcelona”. Eso sí, al mismo tiempo reconoce que la división del fraude masivo en “compartimentos estancos quizá contribuya a un mayor orden o facilidad a la hora de gestionar procesalmente la investigación judicial”.

La decisión del magistrado provocará una nueva crisis entre la Policía y la Guardia Civil en la guerra abierta que mantienen para quedarse con la causa de los cursos. Fuentes de la UDEF consultadas por este diario expresan su “sorpresa” ante la inhibición del juez de Granada a favor de Alaya. “Era uno de los más proactivos; además, se les informó que seguíamos más arriba en la investigación”, señalaron las mismas fuentes policiales.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/

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